La violencia sexual contra las mujeres en Colombia sigue siendo uno de los flagelos sociales que no cesa. De hecho, las cifras cada vez son más alarm
La violencia sexual contra las mujeres en Colombia sigue siendo uno de los flagelos sociales que no cesa. De hecho, las cifras cada vez son más alarmantes, pese a que existen tratados internacionales y un marco normativo que las protege legalmente.
En ese sentido, desde la Universidad de la Costa la profesora internacional del programa de Psicología María del Mar Sánchez -en cojunto con investigadores de España- realizó la investigación: ‘Protection against Sexual Violence in the Colombian Legal Framework: Obstacles and Consequences for Women Victims’, para examinar la legislación penal “sobre los delitos de violencia sexual en el país, con el doble propósito de analizar las garantías procesales de las mujeres víctimas de violencia sexual y determinar los obstáculos para las afectadas de acuerdo con el marco legal”.
La también líder de esta investigación explica que en el desarrollo del trabajo estudiaron, mediante el método de interpretación legal, la legislación penal (códigos penales de 1936 hasta el 2014, decretos y leyes modificados, relacionados con los delitos de violencia sexual en el territorio colombiano). A su vez, en dicha revisión, tuvieron en cuenta las sentencias de tutelas: T-211 de 2019, T-126 de 2018 y T-418 de 2015, obtenidas a través de la página web de la Corte Constitucional.
“En estas sentencias observamos que la Corte Constitucional fallaba señalando la necesidad de que las instituciones ofrecieran una atención especializada, con enfoque de género a las víctimas”. Frente a este hallazgo determinaron que el principal obstáculo es la violencia institucional porque como consecuencia ocurre la victimización secundaria, que hace referencia a la prolongación en el tiempo del juicio, las fallas en la intimidad y la protección de la víctima, la falta de información sobre el proceso, la subjetividad y/o la falta de especialización por parte de los profesionales, así como -incluso- la propia tipificación de los delitos y la credibilidad a la víctima.
Una de las particularidades encontradas en el Código Penal de 1936 hasta el de 1980 de Colombia fue que existían factores morales y estereotipos patriarcales en la tipificación de los delitos sexuales. Por ejemplo -indica- había una disminución de la pena hasta la mitad si la víctima de los delitos era meretriz. A su vez existía la extinción total de la pena sobre el agresor si este contraía matrimonio con la víctima de delitos como el intento de violación o la violación en sí misma.
“Gracias a esta investigación por primera vez se ha realizado un análisis sobre el marco legal de Colombia. A su vez, se ha podido comprobar que los convenios y los tratados internacionales sobre la violencia sexual contra la mujer han sido fundamentales para que el Estado colombiano avance en la normativa penal en pro de las mujeres, excluyendo y modificando artículos con tintes sexistas y discriminatorios. Aún así falta mucho por trabajar en la eliminación de los obstáculos a nivel judicial, tales como los aspectos estructurales o normativos con prejuicios y estereotipos ya que, en definitiva, el sistema judicial es el que de nuevo vulnera los derechos de las víctimas”.
Sánchez añade que el reconocimiento específico de este tipo de violencia junto con el desarrollo, y la distinción de derecho y las garantías procesales, supone un elemento crucial para proporcionar la seguridad jurídica a la mujer y, en definitiva, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Es de resaltar que esta investigación hace parte de un proyecto más amplio sobre consentimiento sexual que se está llevando a cabo tanto en Colombia como en España, junto con un equipo multidisciplinar de diferentes universidades de España. Esperan seguir trabajando en este campo, desde el ámbito de la psicología, ya que, como bien lo explica Sánchez, el propósito final es hacer hincapié en las consecuencias que tiene la violencia sexual y en la importancia de desarrollar programas para la prevención y la erradicación de la violencia sexual.
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