A raíz del esfuerzo que se hizo durante cuatro años -aproximadamente- y que demandó el trabajo arduo y mancomunado del equipo de la Unidad de Propied
A raíz del esfuerzo que se hizo durante cuatro años -aproximadamente- y que demandó el trabajo arduo y mancomunado del equipo de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de la Costa y la firma consultora Contexto Legal, hoy nuestra alma mater celebra la concesión de una nueva patente que se titula ‘Insecticida orgánico natural constituido por extractos de ají picante y planta de ortiga, y proceso para la obtención del mismo’.
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia la otorgó por medio de la Resolución No. 19900 del 17 de abril de 2022, brindándole a la invención realizada por la profesora del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas Claudia Herrera y los egresados de la UniCosta Beatriz Ferreira y Eduar Tarazona, una vigencia de protección hasta el 21 de abril de 2037.
Natalia González, jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual de la CUC, da a conocer que esta patente “fue otorgada sobre un recurso genético, puesto que su naturaleza es la de un insecticida orgánico que se obtiene de la mezcla del ají picante y la ortiga para los cultivos de banano”.
Frente a esto, el ingeniero de patentes de la firma Contexto Legal Juan Pablo Llano explica que dentro del trámite fue necesario el proceso del Contrato de acceso a recursos genéticos precisamente porque el producto y el procedimiento de la patente están asociados a dos plantas que figuran como especies autóctonas de uno de los países de la Comunidad Andina. Este -indica- se firmó entre la Universidad como ente investigador y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como departamento que regula quiénes (personas naturales o jurídicas) acceden a ciertos elementos naturales (ya sea plantas o animales).
“Uno de los grandes retos que tuvimos fue que al presentar la solicitud no se tenía la certeza de si era o no necesario el contrato de acceso a recursos genéticos, así que fue esto lo que dilató un poco el proceso. Aún así se inició paralelamente la solicitud de contrato a acceso de recursos genéticos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este también contaba con una serie de requisitos, como garantizar que los recursos no llegaran a estar en vía de extinción o que no se fueran a sobreexplotar. Asimismo establecía que en caso de obtener un beneficio económico por la explotación de dichos recursos, se debía generar “algunas contraprestaciones” o algo que permitiera mantener las especies. Por todo lo anterior, la Universidad adquirió unos compromisos que tienen que ver con la realización de capacitaciones y la generación de un impacto sobre las comunidades”.
González dice que el proceso fue largo y de “mucho aprendizaje”. Lo califica -además- como “una aventura” que requirió de numerosas reuniones, innumerables lecturas y exhaustivas investigaciones. Fue, como ella lo especifica, un trabajo en equipo, disciplinado y serio, que se dio gracias a las políticas que tiene la Universidad de identificación de activos intangibles.
“Yo creo que haber tenido políticas serias, de incentivo y de identificación, así como seguir el conducto sin darnos por vencido fue vital para que el resultado haya sido la concesión de la patente (…) Ya tenemos la protección de la biotecnología, que es el primer paso, la idea ahora es llevarla a las comunidades, poder transferirla y que con su uso se genere un impacto positivo en el ámbito social y económico”.
Que la CUC haya logrado esta patente de invención para Llano es “un gran éxito” porque “refuerza el camino que ha venido recorriendo la Universidad de ir protegiendo los activos internamente”. Advierte que ahora lo que se busca es que el producto pueda ser explotado y adquirido por personas que lo necesiten en sus cultivos de banano, además de analizar si habrá alguna reglamentación a cumplir con el Invima, el ICA o cualquier otra entidad que regule los insecticidas. Asegura que en caso de llegar a explotar el producto se deberá seguir al pie de la letra los compromisos pactados con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Sobre la investigación
Beatriz Ferreira, hoy profesional de Ingeniería Ambiental, explica que la investigación sobre el ‘Insecticida orgánico natural constituido por extractos de ají picante y planta de ortiga, y proceso para la obtención del mismo’ nació al cursar su carrera profesional como proyecto de aula de la asignatura de Laboratorio de Química Inorgánica II, que también dio pie a la creación del semillero de investigación Química Verde.
Cuenta que el tema surgió debido a que su familia, que es bananera, se vio obligada a hacer una transición del banano convencional a uno más amigable con el medioambiente, implementando abonos e insecticidas orgánicos. Con esta inquietud, Ferreira propuso la idea de desarrollar un producto orgánico que funcionara como insecticida y que fuera aplicado en los cultivos de banano.
“En ese entonces mi compañero y yo trabajábamos Educación Ambiental en la Escuela Normal Superior La Hacienda, donde se realizó un encerramiento de una pequeña granja con los niños de cuarto y quinto de primaria. Allí hicimos nuestra primera prueba piloto del producto y después, cuando empezamos a hacer una investigación más profunda, en media hectárea de la finca de mi papá lo probamos con todos los requerimientos que solicitaba la patente del insecticida”.
Para la investigación afirma que cultivaron el ají y la ortiga, dos plantas que cuentan con propiedades corrosivas al tacto. Luego fueron sometidas a un proceso de extracción y maceración, utilizando el tallo, las hojas y las espinas de la ortiga, así como el producto en sí del ají picante. Después la mezcla fue sometida a un proceso de cocción para activar sus propiedades y, por último, se fermentó de forma anaeróbica, durante ocho días, obteniendo como resultado el producto en estado líquido.
Ferreira manifiesta que para que la patente fuera aprobada primero fue necesario que varios profesores sembraran en ella y en Eduar Tarazona, la inquietud de solicitarla. Después -declara- junto con la profesora Herrera fue vital acercarse al Departamento de Ciencias Básicas y llegar a Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad.
“En Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación realizaron un estudio que duró cerca de seis meses para ver qué tan viable era proteger intelectualmente el insecticida y su proceso de obtención. Finalmente nos dieron como respuesta que sí tenía potencial para obtener una patente de invención, así que a partir de ahí nos trazamos ese reto que luchamos incansablemente. Ahora que es una realidad estamos a la espera de lo que viene, con el deseo de llegar a desarrollar la biotecnología comercialmente y lograr que la vida útil del producto se prolongue, pues hasta el momento por ser completamente orgánico su vida útil es de aproximadamente 10 a 15 días”.
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