¿Realmente existe la gestión de la participación ciudadana?

Investigadoras de la Universidad de la Costa hicieron un análisis epistemológico para establecer si en realidad, como ciudadanos, tenemos el derecho a ejercer lo que indica la Constitución sin que represente un peligro para la sociedad.

En el papel, los derechos y deberes que tienen los ciudadanos cumplen la función de mantener el orden y regular la convivencia en sociedad; en la práctica, muchas veces sucede de forma contraria.

Judith Josefina Hernández García de Velazco, investigadora del departamento de Derecho y Ciencias Políticas, y Ana Chumacerio, profesora en Administración de Empresas, de la Universidad de la Costa, ambas con posdoctorado en Estado, políticas públicas y paz social, llevaron a cabo una investigación para abordar perspectivas epistémicas sobre la gestión de la participación ciudadana, desde la deconstrucción de categorías clave asociadas como el Estado, en su andamiaje axiológico jurídico, y el ciudadano en la plenitud de su ejercicio en el contexto público desde su rol protagónico activo participativo.

“Cuando escribimos tratamos de desglosar en función de desde lo que la perspectiva positivista indica: dimensiones o indicadores, y desde lo cualitativo, refiriéndonos a categoría. En ‘Una discusión epistemológica sobre la gestión de la participación ciudadana’ desmontamos la categoría que viene desde el mismo título, porque tiene muchas interpretaciones como concepto. Algunas de esas posturas pasan por entender al ciudadano como un cliente, y ya eso tiene una posición epistemológica filosófica marcada con un sistema determinado. Nosotras hablamos desde una concebida a partir de los derechos que tiene cualquier ser humano en su entorno para construir su propio bienestar pero también al bien común”, explica García de Velazco.

Partiendo de ello, hicieron el análisis filosófico de la participación ciudadana pensando en el modelo de relación Estado – sociedad. “¿Cómo se relaciona el Estado con los individuos? A través de la administración pública, que es su fórmula operativa. Por eso hablamos de gestión  de la participación ciudadana como el hecho administrativo que nos permite vincular qué está haciendo el Estado para que el ciudadano efectivamente pueda participar”.

En este artículo, las investigadoras desglosaron los conceptos que son necesarios para el entendimiento de cómo debe ser la participación ciudadana, basándose en lo que dice la Constitución.

“Por ejemplo, en uno de los puntos hay una discusión que se llama ‘ciudadanía ciudadano’: es un desmontaje epistemológico. ¿Es lo mismo ciudadanía que ciudadano? No es lo mismo porque la ciudadanía es un nexo jurídico con el territorio, pero para ser ciudadano no solamente tengo que ser colombiana, sino estar habilitada en la plenitud de derechos y deberes en el Estado público para interactuar, para poder satisfacer mis necesidades con calidad”.

Así mismo, se refieren al término de gestión como el conjunto de los elementos que tiene el Estado en la administración pública para tener comunicación con los ciudadanos y viceversa porque el ciudadano está habilitado, a través de la carta magna, para interactuar en el espacio público. “Como diría Hannah Arendt, ese espacio público depende de procesos comunicacionales y de la manera como se está permitiendo que existan mecanismos para la participación ciudadana. Ahora, el Estado tiene matices de interpretación y conveniencia, y generalmente es nuestra perspectiva crítica porque los intereses tienden a encontrarse o a desencontrarse”.

Chumaceiro explica que, en algunos países, el Estado muchas veces inhibe al ciudadano en su gestión de la participación, porque es parte del mecanismo que usa para tener una dominación sobre el contexto social. “Esta discusión epistemológica teórica que hacemos es aplicativa a cualquier contexto, pero tenemos algunos elementos de la participación venezolana. “¿Somos ciudadanos porque votamos? Sí, votamos y qué, ¿qué pasa con nuestro voto?”.

Para el análisis, las estudiosas toman lo que está escrito en la norma y lo comparan con el contexto para contrastar la realidad. “La Constitución de la República de Venezuela dice que somos ciudadanos y tenemos derecho al voto y a exigir transparencia a los gobernantes, pero realmente no existe. Si yo exijo que expliquen o sustenten lo que está pasando, ya sabemos a lo que nos sometemos. Esta dominación que existe del estado como política siempre va a dominar al ciudadano, entonces ¿realmente ejercemos la ciudadanía?”, cuestiona.

Añaden que existe un conjunto de situaciones que demuestran que Venezuela es un sistema neototalitario, de clientelismo y hasta nepotismo, porque siguen siendo los mismos grupos familiares los que actúan de la forma que lo hacen en el poder.  

“Realmente no hay participación ciudadana, en la teoría está establecido, pero no se da en nuestros países. Concluyéndose que la gestión de participación ciudadana se construye a través de mecanismos efectivos en un sistema democrático, en un marco social de derecho y en la conciencia colectiva del empoderamiento de la ciudadanía”, afirman.

Referencia: Una discusión epistemológica sobre la gestión de la participación ciudadana